– Demandas contra entidades públicas. (La Nación, alcaldías,
gobernaciones, ministerios, Fuerzas Armadas, Policía Nacional,
universidades y escuelas públicas etc.)
– Peticiones ante autoridades.
– Demandas laborales contra entidades públicas.
– Contratación estatal.
– Acciones populares y de grupo.
– Reclamos por demora injustificada en obras públicas.
– Demandas y reclamos por responsabilidad del Estado.
– Defensa en investigaciones administrativas de las autoridades públicas.